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PAMI: se profundiza el robo a los jubilados Imprimir
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Miércoles, 05 de Noviembre de 2014 12:04
La causa judicial que ayer derivó en un allanamiento al instituto es una muestra del despilfarro de fondos públicos que viene realizando el gobierno nacional. Malas prestaciones y jubilados que pagan con su vida la corrupción K
 
Los jubilados, para el gobierno nacional, hace tiempo dejaron de ser prioridad. Luego de toda una vida de trabajo, gran parte de las ciudadanos de la tercera edad de la Argentina se encuentran con que ni siquiera tienen garantizado el acceso a los medicamentos esenciales para cuidar su salud. Y ello no es producto de la casualidad, sino de la corrupción enquistada en un gobierno nacional que viene saqueado el PAMI, la obra social de los jubilados que había sido saneada durante la gestión que encabezó Graciela Ocaña desde 2004 a 2007.  
 
En ese contexto, el juez federal Claudio Bonadío ordenó ayer un allanamiento a la sede central del PAMI en el marco de una causa por los préstamos dados desde el organismo al Tesoro de la Nación. La denuncia la impulsó el fiscal federal Carlos Stornelli, quien indaga cuáles son las funciones que la ley otorga a la obra social de los jubilados, teniendo en cuenta los miles de millones de pesos que salieron de la institución para sostener gastos que nada tienen que ver con la atención de la tercera edad.
 
Históricamente el instituto fue usado por los gobiernos como caja para financiar la política partidaria. Pero fue el kirchnerismo, en el último lustro, el que llevó está práctica al extremo al pedirle al PAMI préstamos para financiar el erario nacional. Un robo para los verdaderos dueños de la obra social: los jubilados y pensionados.
 
En diálogo con Hoy, la exinterventora del PAMI, Graciela Ocaña, señaló que “esto es muy grave, se ha utilizado al instituto tal como lo hizo Alderete en los años ’90, para mantener la caja política de turno y no para darle un servicio y una prestación adecuada a la gente”.
 
La actual legisladora porteña expresó que “el PAMI es usado como caja política propia. Nosotros cortamos con todo esto, lo dejamos con casi mil millones de dólares en fondos líquidos y hoy todo ese dinero desapareció por completo. Había dinero para dar prestaciones como son los hospitales que se tendrían que haber terminado de construir y que todavía estén por hacerse sin brindar detalles de adonde fue a parar la plata”.
 
Los cuantiosos fondos que maneja la obra social están en el centro de la discusión política. “El del PAMI es uno de los presupuestos más importantes del país, es el tercero en cuanto a presupuesto en la Nación y en la provincia de Buenos Aires, entonces muchos de esos recursos se desvían para hacer política”, subrayó Ocaña.
 
Hoy día el panorama recurrente para los jubilados cuando van a una clínica o a una farmacia, es que el PAMI no funciona, tal como sucede en la provincia de Buenos Aires, donde son innumerables los profesionales que no brindan atención a los pacientes de la obra social estatal. Igual situación se vive en la ciudad santafesina de San Lorenzo, que se quedó sin prestadores del instituto público, con lo cual cualquier persona que tenga que hacerse un tratamiento o se tenga que atender, tiene que ir hasta Rosario, donde los turnos van de uno a dos meses, por lo que toda esta zona se ha quedado sin prestador.
 
El PAMI, que supo ser orgullo nacional al ser la primera obra social del mundo en atención a la tercera edad, se encuentra pasando uno de sus peores momentos, donde la ineptitud y la corrupción kirchnerista les impide a los más viejos recibir atención en tiempo y forma. Lo peor es que jubilados indefensos están pagando con su vida la perversión oficial.
 
Una caja usada para provecho personal
 
Desde la llegada al poder de Cristina Fernández, el PAMI duplicó la cantidad de empleados, pasando de 10.700 a 20.000 empleados entre planta permanente y contratados.
 
Pero eso no es lo más grave, sino que son recurrentes las denuncias efectuadas de que el médico personal de Hebe de Bonafini, Juan Manuel de Rosa, recibiría beneficios constantes de la obra social estatal en asignación de cápitas para las clínicas que posee en Berisso y Ensenada.
 
A esto hay que agregarle la militancia política dentro del organismo, que lleva a que en la provincia de Mendoza, se haya puesto a un miembro de La Cámpora, Marcelo Álvarez, con un sueldo que supera los 70.000 pesos mensuales, en un derroche de dinero público para premiar a los acólitos de la presidenta Cristina Fernández.
 
Fondos públicos que se usan como propios
 
El Poder Ejecutivo es el que dispone de los recursos del PAMI, por lo cual esa es una de las razones que ha llevado a que esté intervenido y no se normalice, usándose los fondos públicos como si fueran propios, no dando ninguna clase de cuentas sobre el destino de los mismos.
 
Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, aseguró a Hoy que “la no normalización y mantener la intervención al instituto tiene que ver con no permitir que administren la plata aquellos que la ponen, es decir, los jubilados quienes son los que ven afectados en su salud por las atenciones inadecuadas”.
 
Para Semino, “administrar esta plata por parte del gobierno implica que se utilicen esos fondos con fines que nada tienen que ver con la atención hacia los propios jubilados. Y lleva a una crisis recurrente del instituto que se traslada a prestaciones insuficientes”.
 
“Hoy en términos prestacionales y de la disposición de los recursos los jubilados dependen exclusivamente de la persona que es puesta a dedo por el Poder Ejecutivo, mientras la ley establece que debería haber un directorio colegiado con la integración de los jubilados y de los trabajadores”, afirmó el Defensor de la Tercera Edad.
PAMI: se profundiza el robo a los jubilados