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Los familiares recordaron hoy a los diez bomberos y rescatistas que murieron en el siniestro. Las pericias indican que la quema fue intencional

 

El 5 de febrero de 2014, ocho bomberos y dos rescatistas murieron cuando se derrumbó una pared mientras intentaban apagar el fuego en un depósito de la empresa de Iron Mountain, ubicado en el barrio porteño de Barracas. Hoy, cumplidos dos años del hecho, familiares y allegados recordaron a las víctimas del siniestro.

 

El acto comenzó a las 8.45 en Azara 1245, donde funcionaba el establecimiento incendiado. El momento cúlmine fue a las 9.15, por tratarse la hora en la que el muro de diez metros de alto cayó sobre las personas que aguardaban órdenes allí para continuar con las tareas.

 

A dos años de producida la tragedia, los familiares continúan reclamando el esclarecimiento del incendio y justicia por las personas que perdieron la vida durante el operativo. Sostienen, en base a las pericias policiales, que el estrago fue producido intencionalmente. Pese al paso del tiempo, no hay personas imputadas ni detenidas.

 

"Nosotras lucharemos hasta que haya justicia porque esto no fue un accidente. Mi hermano murió porque alguien prendió un fuego intencional en el lugar que funcionaba mal habilitado por un sistema corrupto", afirmó a la agencia Télam Sandra Barícola, hermana de Pedro, uno de los dos rescatistas de Defensa Civil que murieron en el incendio.

 

Críticas al Poder Judicial

 

Jorge Olmos, padre de Sebastián, quien era bombero voluntario del cuartel de Vuelta de Rocha, sostuvo: "Durante estos dos años nosotros sentimos que estamos cada vez más lejos de que se haga justicia, dos pericias dieron que fue intencional y nadie está preso".

 

El comentario apunta contra la investigación que lleva adelante Romina Monteleone, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción N°37, quien todavía mantiene la causa en su etapa de instrucción y de recolección de pruebas. Según consignó la agencia estatal de noticias, Monteleone está esperando que se realice el peritaje de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para determinar las responsabilidades. Los resultados de esta medida recién estarían disponibles para fines de marzo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagenes del acto homenaje realizado hoy en Barracas.

 

Las pruebas

 

Más allá de la pericia pendiente, la División Siniestros de la Policía Federal Argentina elaboró un informe en febrero del año pasado que determinó la intencionalidad del incendio. Un comunicado de la Fiscalía, entonces a cargo de Marcela Sánchez, informó que "se encontraron rastros de sustancias combustibles y se estableció que el foco del fuego se produjo por dispositivos colocados al efecto, ya que también se encontraron restos de conductores y transformadores de energía, que no se correspondían con partes de equipos del lugar". Estas conclusiones fueron ratificadas por especialistas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

 

"Desde entonces la causa se encuentra caratulada como 'Estrago doloso seguido de muerte' y tiene conexo con otra causa por lavado de dinero que tramite en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 a cargo de Sergio Torres", indicó por su parte Miguel Arce Aggeo, quien en noviembre del año pasado tomó la representación de familiares de nueve de las diez víctimas.

 

"Cualquiera que tenga conocimientos mínimos se daba cuenta de que el incendio fue intencional, sino no hay forma de quemar media manzana en diez minutos", sostuvo Edgardo Castro, el inspector de Trabajo porteño que en 2008 había solicitado la clausura del galpón. "Hubo al menos cuatro focos y fue provocado por un especialista que sabía muy bien lo que hacía", agregó.

 

Controles sospechosos

 

La querella pidió que se solicite a declaración indagatoria a seis funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos, quienes estaban encargado de controlar el depósito de Iron Mountain, compañía que se especializa en el resguardo de información corporativa sensible. En referencia a los controles y la habilitación del depósito, la Legislatura porteña realizó ocho pedidos de informes al Ejecutivo de los cuales sólo cuatro fueron respondidos recién al año de la tragedia.

 

El legislador porteño por el Frente para la Victoria, Gabriel Fuks, apuntó al gobierno porteño porque "no se ha puesto a disposición de la Justicia para darle toda la documentación necesaria, entonces, hay una cantidad de 'errores' administrativos cuya responsabilidad política no se ha determinado y castigado".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Sentimos que estamos cada vez más lejos de que se haga justicia", lamentó Jorge Olmos, padre de una de las víctimas

 

Las víctimas

 

Además de Pedro Barícola y de Sebastián Campos, el impacto de los escombros terminó con la vida del comisario inspector Leonardo Day, de la subinspectora Anahí Garnica, de los cabos primero Eduardo Adrián Conesa y Damián Véliz y de los agentes bomberos Maximiliano Martínez y Juan Matías Monticelli, todos de la Policía Federal.

 

También murieron en el momento José Luis Méndez Araujo, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Domínico, que se encontraba allí como rescatista de Defensa Civil, y Facundo Ambrosi, del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha.

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