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Por Andrés Klipphan 

 

Así surge de un relevamiento oficial que muestra el grado de descomposición en el que se encontraba la mayor fuerza de seguridad del país

 

Los números son contundentes y hablan a las claras del estado de descomposición en el que se encontraba la mayor fuerza de seguridad del país. Casi el 30% de los 95.000 efectivos que integran la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron sumariados, están presos o fueron despedidos por sus vinculaciones con el delito que deberían combatir.

 

"De la A a la Z, estos muchachos no dejaron afuera ningún artículo del Código Penal. Lo mismo que hacen los delincuentes lo hacen los malos policías", le dijo a Infobae un estrecho colaborador de la gobernadora María Eugenia Vidal.

 

La frase, contundente, está en sintonía con las palabras pronunciadas esta mañana por el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, durante una conferencia de prensa derivada de los "atentados" incendiarios ocurridos el jueves a las 20:30 en uno de los estacionamientos externos del ministerio que conduce y que dejó el saldo de un policía herido, y dos autos quemados. "No nos van a amedrentar", dijo Ritondo, que estaba acompañado de su jefe policial, el comisario general Fabián Perroni, quien no respondió preguntas ni habló.

 

Ritondo también confirmó que desde el martes pasado está desaparecido un colaborador suyo, el ex oficial de la policía provincial Oscar Edgardo Alvarenga.

 

El funcionario, con gesto adusto, sostuvo que una de las hipótesis más firmes sobre los incidentes "preparados con anterioridad" podrían ser una "serie de decisiones que tomamos con la finalidad de eliminar a las mafias enquistadas en la provincia durante décadas".

 

Y sobre el tema puntualizó que se trataría de las "mafias en el sistema policial, como el narco, La Salada, las plantas verificadoras" o inclusive los "52 pases a retiro" de uniformados de alto rango firmados el mismo día de "los atentados".

 

Según pudo saber Infobae, en la lista figuran no sólo policías que ya habían cumplido sus años de actividad para jubilarse, sino también quienes "tenían ruido" por diversas denuncias que se tramitan en la Dirección General de Asuntos Internos.

 

Los números sobre la "purga policial" –aunque a la gobernadora María Eugenia Vidal no le gusta llamarla así– impactan, y es un dato objetivo que podría estar vinculado con los 20 litros de combustible, divididos en cuatro bidones, y la pólvora esparcida debajo de los autos incendiados, que fueron noticia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos bidones fueron utilizados anoche para generar una explosión frente al Ministerio de Seguridad bonaerense

 

Desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de agosto pasado se abrieron 15.080 sumarios. Como cada uno de esos expedientes involucra, por lo general, a más de dos efectivos, el número de investigados supera los 30.000 policías, es decir, más de un tercio de la fuerza, una cifra récord en la historia policial bonaerense. De ese mar azul, 5.968 uniformados fueron apartados por distintas irregularidades.

 

Entre estos últimos figuran, por ejemplo, los jefes de la Dirección de Narcotráfico y Crimen Organizado Avellaneda-Lanús que ocultaban droga en el cielorraso de la comisaría.

 

Otros 1.411 fueron suspendidos en sus funciones. Están sospechados, por ejemplo, de amparar a bandas de piratas del asfalto, o fraguar los libros de actas de las comisarías para beneficiar a detenidos a cambio de dinero, o sea, de recibir coimas.

 

Desde que Vidal llegó a la gobernación bonaerense, 477 efectivos fueron detenidos por distintas causas judiciales abiertas en su contra, como por ejemplo los dos comisarios y otros dos suboficiales de la comisaría de Lavallol por "explotar sexualmente a prostitutas y travestis" y de brindarle "protección a narcos" de la zona, según la causa a cargo de el juez federal de Lomas de Zamora Federico Villena.

 

De esos casi 500 policías, el 60% recuperaron su libertad pero bajo proceso judicial, o porque no existían pruebas sólidas, según el entender de la fiscalía.

 

Entre ellos figura, por ejemplo, el comisario mayor Alberto "Máquina" Miranda, jefe de las Plantas Verificadoras –ahora en manos de una empresa privada– acusado de encabezar un sistema de recaudación ilegal, donde el dinero se obtenía mediante sobreprecios en el "formulario 12", requerido para la verificación.

 

En la lista negra Dirección General de Asuntos Internos, a cargo del abogado Guillermo Berra, también figuran los nombres de 300 numerarios sumariados por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Otros 600 están bajo investigación por la misma sospecha. De esos 900 oficiales y suboficiales, 80 fueron denunciados ante la Justicia penal y están bajo proceso.

 

Y de esos 80 policías cuestionados en los tribunales, nueve también son investigados por lavado de activos. Entre ellos figuran dos comisarios comprometidos con la narcoactividad.

También hay 25 oficiales que fueron sumariados por no presentar sus declaraciones juradas y pueden ser cesanteados.

 

Ritondo, además de poner el foco sobre las mafias policiales, abrió la puerta a que los "atentados" de ayer a la noche puedan tener relación con otras dos hipótesis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de ellas podría ser la exoneración del genocida y ex jefe de los "Pata Negras" Miguel Etchecolatz, que hasta hace una semana, junto a otros 279 policías vinculados a causas de lesa humanidad, continuaban cobrando sus jubilaciones como policías retirados.

 

La otra, en palabras de Ritondo, tendría que ver "con el desprendimiento de alguien que haya ido a la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado y que haya hecho este atentado".

 

El ministro se basa en que casi tres horas antes, la manifestación que pasó frente al parlamento provincial arrojó una bomba molotov en el edificio del Senado bonaerense.

Sin embargo, de todas las posibilidades, en la intimidad de la gobernadora Vidal y Ritondo se inclinan más por la lucha intestina que sostienen haber emprendido contra los criminales enquistados en la fuerza policial.

 

Ahora es tiempo de que hable la Justicia.