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Las tarifas de los servicios públicos se ajustarán por inflación pero desde 2019 Imprimir
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Miércoles, 22 de Noviembre de 2017 06:22

Para el gas la suba promedio será del 45 % en todo el país en diciembre, mientras que para la electricidad los incrementos serán del 38% acumulando las subas del último mes de éste año y de enero de 2018.

Los ajustes por inflación, que el gobierno nacional va imponiendo en distintos sectores principalmente en el tema de haberes, ahora vienen con una novedad. El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, adelantó ayer que ese método se aplicará a las tarifas de servicios de energía eléctrica y gas.

Pero no será el próximo año sino a partir del segundo semestre de 2019, aclaró el funcionario.

“A partir del segundo semestre de 2019, el Gobierno se ha propuesto cumplir con la ley y que solamente haya a partir de ese momento aumentos por el índice inflacionario, conforme lo dice el marco regulatorio”, dijo Aranguren en declaraciones radiales.

De ser así, los aumentos en estos servicios públicos ya no serán tan fuertes para los bolsillos y estarán vinculados al costo de vida, que para este año está proyectado en un 23 por ciento.

REPASO TARIFARIO

El ministro Aranguren también repasó los aumentos que se acordaron tras las últimas audiencias públicas.

“El gas aumenta de US$ 3,77 por millón de btu a 4,19 ahora en diciembre, y se está aplicando en todo el país la segunda cuota del aumento de distribución del gas”, explicó.

“En promedio en todo el país en diciembre el gas va a aumentar un 45%. El aumento irá de 22% a 60% como máximo, depende la conducta de cada uno de los usuarios”, detalló.

En tanto, Aranguren señaló que “en el caso de la luz, en todo el país la generación y el transporte aumentan 21% en diciembre y 13% en enero, que acumulado da 38%”.

“En el caso de Capital y Gran Buenos Aires -indicó- se agrega la segunda cuota de la recomposición de distribución”.

El ministro aseguró que “en diciembre, el 90% de los usuarios van a tener como máximo un aumento de 39% y el 10% restante aumentos inferiores a 47%, y en febrero el 90% tendrá un aumento inferior al 18% y el 10% restante que más consume, un aumento inferior a 28%”.

Consultado sobre los cortes de energía eléctrica, dijo que “en el período enero-agosto 2017 hubo 45% menos de cortes que el mismo período del año anterior”.

“Este verano, a igualdad de temperatura, vamos a tener menos cortes que el año pasado. Estamos teniendo menos cortes que el año anterior y muchísimos menos que en 2015”, remarcó Aranguren.

La reforma del sistema energético fue una de las prioridades marcadas por el presidente Mauricio Macri tras su asunción, a finales de 2015.

El diagnóstico del Ministerio de Energía tras el cambio de autoridades arrojó que se necesitaban inversiones urgentes y una reforma de los cuadros tarifarios, muy subsidiados durante el kirchnerismo.

Por ello, en los primeros meses del mandato se definió una fuerte subida en los servicios, que cuadruplicaron los precios en el caso del gas y los septuplicaron en el caso de la luz.

Como se recordará, los Defensores del Pueblo que participaron el viernes pasado de la audiencia pública por las tarifas de electricidad advirtieron sobre el peso que tiene la acumulación de los incrementos en las economías familiares y pequeños y medianos emprendimientos productivos y comerciales, por lo que reclamaron al Estado nacional que resguarde la razonabilidad de los aumentos.

La audiencia se desarrolló desde la mañana hasta primera hora de la tarde en el Palacio de las Aguas de la ciudad de Buenos Aires.

Por la Defensoría del Pueblo de la Nación, Mariana Grosso afirmó que “el Estado debe garantizar accesibilidad y asequibilidad” de las tarifas al entender que “los usuarios afrontan incrementos en otros servicios básicos, en productos que hacen a su subsistencia, y en un gran número de casos con incrementos salariales insuficientes”.

“Solicitamos responsabilidad en la fijación de los cuadros tarifarios de las distribuidoras y transportistas ponderando la situación económica de los usuarios”, enfatizó Grosso.

“No se debe exponer a los ciudadanos a optar entre el pago de las facturas y otros bienes esenciales como vivienda, alimentación y salud”, agregó.

La representante de la Defensoría nacional entendió que antes de habilitar las actualizaciones semestrales fijadas por el Estado “debe controlar que se hayan realizado y cumplido con inversiones y se haya mejorado el servicio”.

Por su parte, desde la Unión Industrial Argentina (UIA) se advirtió que “el sendero de precios creciente de la electricidad incrementa el impacto negativo” sobre la competitividad del sector, sobre todo en bienes transables. El directivo de la UIA, Alberto Calsiano, reclamó además “un gradualismo real, sin exclusiones, en especial para los grandes usuarios que son los más afectados por las correcciones”.

Las tarifas de los servicios públicos se ajustarán por inflación pero desde 2019
 

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