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El ajuste del 40% comenzó a regir este mes. La entidad local planteó la “inconstitucionalidad” de la medida

 

Una ong busca evitar, a través de la Justicia, el aumento del gas natural que comenzó a regir desde el 1º del mes en curso. La entidad planteó, en un escrito presentado en el juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad, la “inconstitucionalidad” de la medida a raíz, se explicó, de que se estaría adelantando un mes el reajuste según una “normativa vigente”, que establece las adecuaciones tarifarias para la distribución del fluido a partir del 1º de mayo.

 

“Desde el Centro de Estudios para la promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) solicitamos a la Justicia frenar de inmediato el nuevo tarifazo de gas porque se trata de un aumento inconstitucional”, señaló en un comunicado la entidad denunciante, que interpuso una acción cautelar contra el ministerio de Energía y Minería de la Nación y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Según remarcó la ong, “anticiparon un mes la aplicación del aumento del 40 por ciento en la tarifa de gas natural por redes: la normativa vigente establece que el nuevo cuadro tarifario recién se puede aplicar a partir del 1° de mayo de 2018, de modo tal que si se aplicara desde el 1° de abril afectaría los derechos constitucionales de los ciudadanos”.

 

¿RECIÉN A PARTIR DE MAYO?

 

Al señalar que el gobierno se habría adelantado un mes en la aplicación del aumento, el CEPIS se refiere a la norma llamada “Reglas básicas de licencia de distribución”, incluida en el decreto 2.255 de 1992. Ese texto especifica que “los ajustes serán estacionales, abarcando los períodos del 1° de mayo al 30 de septiembre de cada año, y del 1° de octubre al 30 de abril del año siguiente”.

 

“El ENARGAS -subrayó la entidad- respetó durante 25 años el día de ajuste de tarifas. Lo está cambiando ahora. Para colmo una posible disculpa, la Ley de Emergencia Económica, terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2017”.

 

En la presentación que por sorteo fue asignada al juzgado Federal Nº 2 de La Plata, a cargo de Adolfo Gabino Ziulu, se solicitó que se le ordene al ENARGAS que “proceda a aplicar los nuevos cuadros tarifarios a partir del mes de mayo del corriente año, hasta tanto se dicte sentencia de fondo en los presentes obrados”.

 

La ong pidió, concretamente, que la Justicia dicte una medida cautelar “respecto de los efectos de las Resoluciones 300 a 309/2018 atento a su manifiesta inconstitucionalidad”. Según detalló, esas medidas “violan el derecho de propiedad de los ciudadanos -artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional-, los intereses económicos de los usuarios -artículo 42 de la Constitución Nacional-; y atentan contra el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Pacto DESC)”.

 

Dentro de la presentación se resaltó que “el Poder Ejecutivo, mediante una simple nota que ni siquiera fue publicada en el Boletín Oficial, pretende derogar el cronograma establecido en el marco regulatorio del Gas Natural, aprobado por el decreto 2255/92”. Según reiteró CEPIS, la acción “va en contra del principio de legalidad y el de razonabilidad garantizado por la Constitución y fallos de la Corte Suprema de Justicia”.

 

EL SERVICIO EN CUOTAS

 

La tarifa del gas por red subió el primer día de este mes un 40 por ciento. Frente al impacto que puede generar el aumento en los bolsillos de los usuarios del servicio, Camuzzi, la empresa distribuidora del suministro, propuso a las autoridades del ENARGAS aplicar una modalidad de pago en cuotas para las boletas de los meses del invierno (ver gráfico). La medida, indicaron, apunta a aliviar la carga en los períodos más críticos, es decir, cuando la prestataria cobra los mayores consumos del año.

 

Según se explicó oportunamente, la alternativa se presentó para que el ente regulador evalúe la posibilidad de “facilitar el pago de los consumos Residenciales con una marcada estacionalidad invernal”.

 

También aumentó el precio oficial de la garrafa de gas, que se incrementó un 16,75%. El tubo de 10 kilos, que costaba $185, pasó a $216.