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La Defensoría del Pueblo solicitó una reunión urgente con el interventor de la obra social. Gestiones para "reencauzar" una negociación que afirman está "trabada"

 

La decisión de las farmacias bonaerenses de cortar hasta el próximo martes la provisión de tiras, insulinas y medicamentos provistos a través de la resolución 337, a los afiliados de PAMI, motivó la intervención del Defensor del Pueblo Adjunto de la Provincia, Marcelo Honores, que solicitó una reunión con "carácter urgente" al interventor de la obra social, Sergio Cassinotti, para plantear la "gravedad" del caso y sus efectos sobre la salud de los jubilados.

 

La medida adoptada por el Colegio de Farmacéuticos bonaerense, que hasta ahora no prevé la suspensión total de la atención a los afiliados de la obra social, se extenderá hasta el próximo martes inclusive, pero de no mediar una solución en esa fecha, amenaza con extenderse en el tiempo.

 

La Defensoría, a todo esto, buscará mediar entre los profesionales y el PAMI, para evitar que el conflicto se profundice. Básicamente intentará reencauzar una negociación directa entre las partes que está "trabada" y que derivó en la medida de fuerza que afecta a miles de afiliados bonaerenses, según se informó.

 

Desde el Colegio afirmaron, mediante un comunicado que "resulta imposible seguir sosteniendo la prestación al PAMI con los descuentos que publicita la obra social a costa de los farmacéuticos".

 

La entidad remarcó que el sector farmacéutico "está obligado a financiar todo el sistema, a pesar de ser el eslabón más débil de la cadena de dispensa del medicamento y el único sector profesional con agentes sanitarios al servicio de la población".

 

"En este contexto inflacionario los atrasos en los pagos desde el mes de abril afectan a profesionales y pacientes. El PAMI no quiere revisar el convenio firmado a comienzos de 2018, en condiciones económicas completamente diferentes", concluye el comunicado oficial del Colegio de Farmacéuticos bonaerense.

 

El ex gobernador, ex candidato presidencial del kirchnerismo y actual diputado nacional es la figura central de la investigación que se extendió durante dos años y en la que Garganta contó con asistencia técnica y de personal de la Procuración General de la Corte y de la Unidad de Activos Ilegales de la Superintendencia de Narcotráfico del ministerio de Seguridad de la Provincia.

 

Scioli llegará a la instancia oral inhibido por casi 200 millones de pesos e imputado por los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en nueve hechos en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público, igual que el ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y Ricardo Estanislao Miller, el empresario amigo del ex gobernador que fue beneficiado con la adjudicación de construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA).

 

Miller Building SA construyó 15 de las 17 UPA durante la gestión de Scioli en la Provincia. La Justicia puso la mira en nueve de ellas, una de las cuales es la que se levantó en Los Hornos. Además, la firma del “Petiso” Miller compró en 2016 el predio a donde vivió el ex Gobernador en Villa La Ñata por U$S 3.850.000. Scioli había incluido el terreno en su declaración jurada de 2017 con una valuación de 9 millones de pesos, sin embargo meses más tarde lo vendió en casi 62 millones de pesos.

 

La otra investigación troncal es la relacionada al funcionamiento de ABSA, la empresa estatal de aguas y cloacas, entre 2009 y 2015. El presidente de la firma durante toda la anterior gestión fue Guillermo Scarcella, un operador judicial muy cercano a Scioli, sindicado como su presunto testaferro en la denuncia de Carrió, que hoy está imputado por “negociaciones incompatibles con la función pública, en 22 hechos en concurso real e incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una expectativa de pena de 1 a 50 años según la elevatoria a juicio del fiscal Garganta.

 

Scarcella está apuntado por 22 contratos de servicios de alquileres de maquinarias calificadas como irregulares por un valor total de 62.7 millones de pesos. Junto a él fue procesado Pablo Damián Elias.

 

La “megacausa” Scioli tiene como uno de sus ejes la causa vinculada a supuestos delitos de corrupción en IOMA durante la gestión del ex titular Antonio “Tano” La Scaleia, donde se investiga un gigantesco fraude por más de 650 millones de pesos sólo entre 2013 y 2015.

 

COMPLEJIDADES

 

Junto a La Scaleia hay otros 19 procesados, entre funcionarios, integrantes del directorio vinculados a sindicatos y empresarios de firmas de internación domiciliaria, imputados por los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública; peculado de caudales (78 casos que concursan realmente entre sí) en concurso ideal con fraude en perjuicio de la administración pública y uso de documento público falso.

 

La instrucción vinculada a IOMA fue una de las más complejas por la enorme cantidad de casos denunciados y adjuntados a la investigación de afiliados que aparecían como beneficiarios de internaciones domiciliarias que se financiaban con dinero de la obra social pública de la Provincia. Además, en la mira hay otra larga serie de casos de supuestas irregularidades con medicación y prótesis.

 

Considerado la mano derecha de Scioli y su hombre de máxima confianza, Alberto Pérez es otra de las figuras centrales de la causa que ahora llegará a juicio oral si la jueza Garmendia no dicta su sobreseimiento. El ex jefe de Gabinete está imputado por los delitos de peculado en concurso ideal con el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y con incumplimiento de los deberes de funcionario y falsedad ideológica de un instrumento público. Con esos delitos, la expectativa de prisión es de 1 a 50 años.

 

Pérez quedó en la mira por la emisión de una serie de facturas apócrifas desde la Jefatura de Gabinete para financiar eventos. En total, según la instrucción de la causa, la suma total bajo la lupa es de 10.720.000 pesos. En esta causa también está imputado Walter Carbone, ex director de administración del organismo en cuya lujosa vivienda se encontró una enorme estatua de un dragón con una caja fuerte empotrada.

 

La investigación se inició a partir de una serie de denuncias de la diputada Elisa Carrió