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Con el proyecto cajoneado, Agroindustria prepara una resolución para regular el uso de agroquímicos Imprimir
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Viernes, 30 de Noviembre de 2018 20:12
El ministerio que conduce Leonardo Sarquís trabaja en una normativa que permita “ordenar” los límites permitidos para la aplicación de químicos en campos de la Provincia. Cada municipio podrá adherir hasta tanto salga la ley provincial, que está trabada en la Legislatura.
 
A pesar de los intentos, la Provincia aún no tiene una ley provincial que regule el uso de agroquímicos en campos bonaerenses. Tras idas y venidas, el proyecto que quería el Ministerio de Agroindustria está estancado en la Legislatura.
 
Por ello, y para no perder más tiempo, la cartera que conduce Leonardo Sarquís está trabajando en una resolución que permita “ordenar” los usos y límites de la fumigación en el territorio provincial.
 
Según pudo saber LaTecla.Info de fuentes ministeriales, la resolución será presentada de manera oficial antes del 15 de diciembre, y entrará en vigencia el 1° de enero de 2019. Hasta ahora hay lineamientos básicos, como es la zona de amortiguamiento para las aplicaciones de agroquímicos, como son las escuelas y áreas residenciales.
 
“Hasta que la Legislatura apruebe la ley provincial de agroquímicos se pone en vigencia esta resolución a la que pueden adherir los municipios. Cuando esté firmada, seguramente hagamos un encuentro con intendentes para que se sumen al instante”, aclararon desde Agroindustria.
 
Actualmente, cada distrito tiene una legislación propia y, por ende, diferente. De los 135 partidos de la Provincia, 128 se dedican a la actividad agroindustrial, de los cuales 70 tienen normativas municipales distintas.
 
En este sentido, la resolución buscará “ordenar” los lineamientos básicos de la aplicación de agrotóxicos y su fiscalización.
 
Cabe recordar que a mediados de año, el intendente de Benito Juárez, Julio Marini, se vio obligado a vetar una ordenanza que permitía fumigar con glifosato a escasos 30 metros de escuelas y viviendas. 
 
Lo particular de la votación fue que los concejales además de la función pública son productores agropecuarios. Es decir, impulsaron y aprobaron una normativa que beneficiaba directamente su rentabilidad privada en perjuicio de los vecinos de la ciudad.
 
“Esta ordenanza responde a intereses particulares, y en parte a cuestiones políticas provinciales y nacionales”, habían sentenciado desde el oficialismo del HCD al tratarse la normativa.
 
Incluso, el propio intendente Julio Marini, denunció que “seis concejales de Cambiemos son productores que usan estos productos y uno de ellos es aplicador. Me parece que no debería haber votado porque es juez y parte”.
 
 
El polémico proyecto
 
El proyecto para establecer la correcta y racional utilización de los productos fitosanitarios y plaguicidas duerme en la comisión de Legislación General de Diputados, luego de su aprobación en la Cámara alta. 
 
La iniciativa es mirada de reojo por parte de distintas asociaciones ambientalistas porque achica drásticamente, respecto de numerosas ordenanzas municipales que rigen en la actualidad, los metros de distancia con relación a una población para poder realizar las aplicaciones. 
 
El quid de la cuestión radica en las interpretaciones para definir lo que se considera Zona de Exclusión (ZE) y Zona de Amortiguamiento (ZA).
 
En efecto, la propuesta que dio el puntapié inicial fue redactada por el senador exmassista Alfonso Coll Areco, y establecía zonas de exclusión para las aplicaciones de agroquímicos conforme a la categoría toxicológica enmarcada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 
 
El proyecto planteaba un área demarcada por 500 metros desde el límite de la zona urbana para las fumigaciones aéreas de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y plaguicidas. En tanto, para la fumigación terrestre disponía una zona de exclusión delimitada por 100 metros para aquellos productos considerados como muy peligrosos y de 10 metros para aquellos plaguicidas cuya clasificación toxicológica era poco peligrosa. 
 
En tanto, para la zona de amortiguación se prohibía todo tipo de aplicación “salvo expresa autorización del Municipio” y -aun cuando este diera el permiso- fijaba una distancia de 500 a 2.000 metros a contarse a partir de la Zona de Exclusión.
 
La iniciativa de Coll Areco fue aprobada sobre tablas en el Senado y, al aterrizar en la Cámara Baja, los diputados metieron mano y la modificaron sustancialmente, sobre todo en lo concerniente a los límites de la Zona de Amortiguamiento.
 
Con este nuevo proyecto se eliminaron las categorías toxicológicas como parámetro guía para establecer una distancia acorde a partir de la cual está permitido fumigar, igualando así todos a todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y plaguicidas, sean de mucha o poca peligrosidad. 
 
Ergo, se fijaron distancias fijas conforme a la técnica de fumigación. Para las zonas de exclusión, los límites se mantuvieron dentro de las mismas distancias (100 metros la terrestre y 500 la aérea), pero para la zona de amortiguación, esas brechas se vieron acortadas drásticamente, ya que se extirpó el protagonismo del municipio como la figura excluyente para levantar la prohibición de fumigar y se establecieron como franja de seguridad “los primeros 500 metros lindantes al área urbana” y no a partir de la ZE. 
 
Si se sale de la Legislatura bonaerense, comparada con algunos municipios, la normativa que se amasa en Diputados es significativamente más indulgente. En Nueve de Julio, por caso, son 2.000 los metros de distancia a respetar. Mar del Plata, con una ordenanza más permisiva, aun supera los metros que se buscan fijar en la cámara, ya que prevé un kilómetro de brecha a partir del ejido urbano.
 
Ni hablar si se toma como referencia a municipios como Cañuelas y Luján, donde, directamente, se prohíben las aplicaciones aéreas en todo el territorio municipal.
 
 
  Con el proyecto cajoneado, Agroindustria prepara una resolución para regular el uso de agroquímicos
 

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