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Causa tarifazo: la justicia le pide más información al gobierno y se dilata una resolución “urgente” Imprimir
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Martes, 09 de Abril de 2019 19:07
El tribunal federal que tiene el expediente volvió a solicitar al Estado nacional y el ENRE información. En este caso de las audiencias públicas. Se demora la definición del amparo presentado hace más de dos meses.
 
El titular del juzgado Federal N°4 de La Plata, Alberto Osvaldo Recondo, que entiende en la causa por el aumento en las tarifas eléctricas, volvió a reclamar información a la Secretaría de Energía y el ENRE, demorando la resolución del amparo presentado por intendentes del peronismo y asociaciones defensores de usuarios y consumidores.
 
A través de una resolución, el magistrado solicitó al Estado Nacional y el Ente Nacional de Regulación de la Energía Eléctrica (ENRE) “que, en el plazo de cinco días, acompañen: antecedentes, documentos preparatorios, presentaciones realizadas, versiones taquigráficas o sus equivalentes, conclusiones y todo otro elemento de interés que obre en su poder, relativos a las Audiencias Públicas realizadas los días 28 de octubre de 2016 y 17 de noviembre de 2017”.
 
Recondo ya había demandado información a esas dos instituciones públicas a los pocos días de que la ONG Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), junto a un grupo de intendentes del peronismo, presentaron el amparo contra la suba de tarifas. Incluso esas reparticiones del gobierno contestaron.
 
El nuevo pedido del tribunal que conduce el magistrado, que recibió la causa hace dos meses, llama la atención porque básicamente demora más los tiempos en la definición del amparo, que se trata del proceso judicial más rápido que tiene el sistema judicial en la Argentina.
 
La causa
 
Recondo debe decidir si los tarifazos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, y los estándares establecidos por la Corte Suprema de la Nación en un fallo en el que el máximo tribunal dictaminó que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de “gradualidad” y estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos.
 
La presentación de CEPIS y los intendentes impugna las resoluciones de la secretaría de Energía y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad; señala además que “no se ha cumplido con el procedimiento de audiencia pública”, lo que va en contra del artículo 42 de la Constitución Nacional.
 
El amparo solicita a los jueces de la Nación que “frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los ciudadanos a una tarifa justa y razonable”.
 
Además requiere la suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las resoluciones del ENRE. Y que ambas reparticiones del Estado Nacional “se abstengan de trasladar a las y los usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se dicte sentencia de fondo”.

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