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Si fuera vicepresidenta, sería más difícil su detención Imprimir
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Domingo, 19 de Mayo de 2019 13:00
Cristina Fernández tiene fueros hasta 2023, y depende del Senado para no ser detenida. Si accede a la vicepresidencia, haría falta un juicio político y el voto de ambas cámaras.
 
Como senadora nacional elegida en 2017, Cristina Kirchner goza de fueros parlamentarios hasta el final de su mandato, en 2023. De modo que no puede ir presa, a menos que el Senado le quite los fueros. Si resultara elegida vicepresidenta de la Nación, gozará de las mismas inmunidades pero para perderlas ya no bastará con el pronunciamiento del Senado sino de las dos cámaras, en un proceso de juicio político.
 
Todos los diputados y senadores de la Nación tienen fueros parlamentarios. Es decir que no pueden ser arrestados, a menos que un juez lo pida sobre alguno de ellos y, con el voto de los dos tercios de los presentes en el recinto, la cámara a la que pertenezca resuelva quitarle los fueros.
 
Eso pasó en 2017 con Julio De Vido: los jueces Claudio Bonadio y Luis Rodríguez pidieron que fuera desaforado por dos causas de corrupción. La Cámara votó afirmativamente sobre ambas solicitudes y el exministro fue suspendido en sus funciones y está arrestado.
 
En el caso de Cristina, Bonadio pidió el desafuero en el marco de la causa por el supuesto encubrimiento del atentado a la Amia pero la sesión en que iba a debatirse ese pedido no se realizó por falta de cuórum: en la Cámara Alta, según la doctrina Miguel Pichetto, un senador no debe ser despojado de sus fueros a menos que pese sobre él alguna condena firme. Cristina está procesada pero no condenada en ninguna causa judicial.
 
Siendo vicepresidenta la situación sería diferente: la Ley de Fueros incluye a todos los funcionarios susceptibles de ser sometidos a juicio político. Es decir, presidente, vicepresidente, jefe de Gabinete, ministros y jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto significa que para ir presa, además de haber una resolución judicial que así lo indique, Cristina debería ser echada del cargo.
 
Pero para que esto se produzca, como sería vicepresidenta, ya no se requieren los dos tercios de una cámara, sino los dos tercios de Diputados, cámara que inicia el trámite de juicio político, previo dictamen de la comisión respectiva, y los dos tercios del Senado, cámara que decide sobre las acusaciones.
 
De esta manera, siendo vicepresidenta sería aún más largo el camino institucional para habilitar el encarcelamiento de la líder de Unidad Ciudadana, que enfrenta numerosas causas de corrupción.
 
De Cavallo a Cristina, el largo camino de Alberto
 
La vida política de Alberto Ángel Fernández (60) comenzó con un cargo de técnico en el gobierno de Raúl Alfonsín. Es un inexperto en elecciones: de todos los cargos que ostentó, sólo obtuvo uno en las urnas, cuando en 2000 fue elegido legislador de la Ciudad de Buenos Aires, en la lista que postulaba a Domingo Cavallo.
 
Lo suyo no son las urnas, sino el paciente armado político. En ese rol construyó el puente que llevó a Néstor Kirchner a obtener en 2003 la bendición de Eduardo Duhalde, trabajo de ingeniería que derivó en que fuera nombrado jefe de gabinete del primer gobierno kirchnerista. Desde ese sillón logró retener durante dos años a Roberto Lavagna como ministro de Economía.
 
Hace casi 11 años, el 23 de julio de 2008, Alberto Fernández dejó la Casa Rosada tras presentarle su renuncia como jefe de Gabinete a Cristina. Fue la principal baja política que dejó la crisis de la resolución 125. Lo reemplazó Sergio Massa. Massa y Fernández volvieron a encontrarse cuando el primero se le plantó al kirchnerismo y lo derrotó en la provincia de Buenos Aires. Ese activo podría ser clave en los próximos días.
 
Hasta 2017 estuvo enfrentado a Cristina. El año pasado se transformó en su gran operador político y judicial. Ayer, ella lo nominó precandidato a presidente.
 
 
 
 
   Si fuera vicepresidenta, sería más difícil su detención