Archivo Master News

El Ejecutivo va a presentar un proyecto para forzar la baja de tributos de municipios y provincias sobre los servicios.

 

Acosado por el malhumor social frente al aumento de las tarifas, el Gobierno Nacional no deja de ampliar el número de invitados a su operación para distribuir todo lo posible las responsabilidades al respecto y la no menos importante jugada por encontrarle una salida fiscalmente viable al despelote. La lista de involucrados es ya bastante larga.

 

Como los peronistas y radicales levantaron su voz indignada contra los aumentos, sumó a gobernadores e intendentes, que colaboran disimuladamente al entuerto con sus propios tarifazos, además de con el cobro de impuestos y tasas sobre las facturas, muchas bastante absurdas.

 

Permitió además que Carrió subiera al tren a las empresas proveedoras de servicios, de las que cabe sospechar no hacen siempre bien su trabajo, ni tampoco hacen bien los números de lo que cobran a sus clientes. De allí que la gobernadora Vidal hiciera también un gesto en esa dirección, con un 0800 QUÉJESE DE LAS EMPRESAS que enseguida se saturó.

 

Por su parte el propio Mauricio Macri incorporó desde Vaca Muerta a los usuarios, a los que reclamó un uso responsable de la energía.

 

A los únicos que el Gobierno no quería invitar era a los miembros del Congreso, porque temía que ahí los números no lo favorecieran y el debate se escapara de su control. Lo que, visto la rapidez con que la oposición legislativa buscó invitarse sola, coordinándose para impulsar proyectos que retrotrajeran las últimas subas, era bien comprensible.

 

Pero parece que esa actitud del Ejecutivo acaba de cambiar. Va a presentar un proyecto para forzar la baja de tributos de municipios y provincias sobre los servicios.

 

En medio de tantos apurones, no está claro qué puede esperarse de cada uno de estos invitados, deseados o indeseados, ni si el gobierno tiene una estrategia para avanzar y salir del lío en que él mismo se metió, o simplemente está buscando capear el temporal, que sabe lo golpea mal en las encuestas y no quiere que lo deje al pairo, sin velas ni timón.

 

La presentación del mencionado proyecto puede ser vista como otra improvisación más. Aunque puede también que ayude a ordenar un poco una situación y un debate que venían cada vez más confusos.

 

Veamos caso por caso lo que ha ido sucediendo. En cuanto a los gobernadores, el Ejecutivo nuevamente los sorprendió con su reclamo de eliminación o al menos reducción de impuestos locales sobre las facturas. Así que no es de asombrarse que los mandatarios radicales se hayan negado en principio a imitar a Vidal y Larreta: Cornejo directamente lo descartó y el correntino Gustavo Valdéz sugirió que fuera la nación la que redujera el IVA.

 

De allí que tampoco sorprendió que los gobernadores peronistas optaran por silbar bajito: si ni siquiera los aliados del Presidente le hacen caso en esta cruzada, ¿por qué ellos iban a tener que seguirle la corriente?

 

Las tensiones con ellos vienen creciendo además desde la firma del pacto fiscal a fin del año pasado, y no precisamente porque los mandatarios de oposición hayan cambiado de actitud, sino porque un poco tarde el Gobierno Nacional advirtió que el optimismo y el apuro con que encaró ese pacto lo habían metido en un brete: en vez de forzar una reducción de impuestos distritales, en particular de Ingresos Brutos, el acuerdo permitió que unas cuantas provincias los aumentaran, y dejó intocada la licencia para que las provincias y los municipios creen nuevos gravámenes cuando sus cuentas no cierran.

 

Algo que sobre todo estos últimos suelen hacer utilizando el subterfugio de agregar renglones en las cuentas de servicios de sus contribuyentes. A veces con nombres bastante absurdos como “contribución por la recolección de ramas”, “aporte extraordinario para el combate de las inundaciones” o cosas por el estilo. De esa manera no aparecen como lo que son, más exacciones dispuestas por los concejos deliberantes para sostener las plantillas de empleados, y los vecinos se ven obligados a pagarlas si no quieren sufrir el corte de servicios imprescindibles, lo que en caso de no pagar por ejemplo las facturas de ABL u otras tasas municipales no sucede.

 

Así que cuando estalló el debate sobre el último tarifazo el gobierno encontró la oportunidad de unir dos cuestiones que hasta allí corrían por cuerda separada, y que así como venían lo tenían por principal damnificado: la intención hasta aquí frustrada de bajar impuestos, sobre todo los que afectan la competitividad y alimentan la inflación; y su decisión de cargar el mayor costo del ajuste de gastos en los subsidios, es decir en las tarifas de servicios públicos, que también alimentan la inflación, y que cada vez enfrenta menos tolerancia social.

 

Y como entendió ahora seguramente que no tenía muchas chances de convencer con argumentos ni con el buen ejemplo de sus representantes en el territorio a socios y opositores, dio un paso más: en vez de resistir la intervención del Congreso, intentará orientarla según sus objetivos; es decir, a la discusión de un proyecto de ley que baje la carga impositiva de los servicios en vez de reponer subsidios.

 

¿Logrará convencer a algunos de los gobernadores peronistas y sus legisladores de apoyar un proyecto de este tenor? Puede que no y el asunto se empantane, con debates desgastantes en que no se tome ninguna decisión. O puede que algunos de ellos no vean bien la opción de seguir dándole aire a los kirchneristas y demás grupos que buscan congelar tarifas y que el programa fiscal vuele por los aires y quieran volver a mostrarse responsables y colaborativos.

 

De todos modos, al oficialismo le va a costar reconstruir un terreno de negociación con esos actores moderados. Y eso porque él mismo les ofreció una salida demasiado fácil y tentadora para sus necesidades fiscales en el acuerdo del año pasado. Desde entonces no ha hecho más que ir detrás de los acontecimientos, sacando conejos de la galera para apagar incendios recién después de ver como ellos estallan.