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El ajuste menos pensado: Carolina Stanley recorta millones y se enfrenta a las organizaciones sociales Imprimir
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Miércoles, 10 de Abril de 2019 23:05
La relación entre la tríada de San Cayetano y la ministra está casi rota. La razón: un ajuste impensado en el “gasto social”, que ronda los 200 millones de pesos y que amenaza con aumentar la conflictividad en pleno año electoral. Aquí, la trama interna de un conflicto que se viene
 
La relación entre los movimientos sociales y su principal interlocutora en el Gobierno, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, está en su peor momento. Las imágenes de la represión durante la movilización del último jueves, en las que se vio a la Federal disparando balas de goma sobre referentes de comedores populares que protestaban por el aumento de la pobreza, reflejaron un vínculo desgastado que, ante la falta de respuestas, puede derivar en un aumento de la conflictividad social en pleno año electoral. 
 
El diálogo no se rompió, porque las organizaciones lo consideran “estratégico” a la hora de exigir respuestas ante lo que consideran una política económica que golpea sobre todo a los sectores que representan. Pero nunca se estiró tanto: hace diez días, la ministra había cancelado de improvisto una reunión con la tríada de San Cayetano (CTEP, Barrios de Pie y la CCC), lo que motivó un corte de seis horas sobre la 9 de julio, en lo que fue la tercera movilización de magnitudes masivas durante marzo del sector. 
 
“Hoy es un día triste”, dijo Stanley unas horas más tarde ese mismo día, al anunciar que la pobreza medida por el INDEC subió cinco puntos respecto al año pasado. Desde entonces, nadie en el entorno de la ministra levantó el teléfono para ponerle fecha a un nuevo encuentro. Y el miércoles que viene, volverá a verse la misma situación: miles de personas de los barrios más postergados del conurbano cortarán durante horas los accesos a capital y el centro porteño. 
 
 
En esa reunión que no fue, se iban a discutir tres puntos sensibles para las organizaciones: el aumento de los planes sociales de acuerdo a la inflación, mayores partidas para los comedores populares hasta tanto no se sancione la ley de emergencia alimentaria (vetada por Cambiemos en diputados durante la última sesión) y, sobre todo, la revisión de dos resoluciones recientes del ministerio que, sumadas, redujeron en forma considerable el ítem “gasto social” en lo que va del año.
 
Una de las resoluciones es la 198/2019, que derivó en la baja de 60 mil monotributos sociales de la ANSES cuyas cargas impositivas absorbe el Estado; la segunda, la 96/18, que impone nuevas contraprestaciones difíciles de cumplir para aquellos beneficiarios del programa Hacemos Futuro (que absorbió los programas del kirchnerismo Argentina Trabaja y Ellas Hacen). 
 
Según estimaciones en base a información de distintas fuentes consultadas por Diagonales dentro del ministerio que conduce Stanley, ambas resoluciones redundaron en un ajuste de por lo menos 180 millones de pesos durante los primeros dos meses del año. El cálculo surge de la sumatoria de las bajas en los monotributos y las suspensiones en el cobro del Hacemos Futuro a partir de los nuevos requisitos. 
 
Las mismas fuentes confirmaron que se bloquearon en enero unos 30 mil planes, de los cuales la mitad fueron dados nuevamente de alta en febrero. A los que se suman otros 6 mil durante los últimos seis meses. “Es un ajuste por goteo”, dijo el dirigente del MTE Nicolás Caropresi. 
Las razones son de carácter técnico: para cobrarlo, el Gobierno ahora exige una “formación educativa” que los beneficiarios deben cumplir en oficinas de la ANSES. En una nota reciente del diario La Nación, el secretario de Economía Social, Matías Kelly, se vanagloriaba de haber dado de baja 12 mil planes, porque según él demostraba una nueva lógica no asistencialista: "Antes los programas sociales estaban enfocados en una lógica asistencialista. Hoy tienen una clara línea de formación que les va a dar más y mejores oportunidades para su inserción".
 
Pero las organizaciones le contestaron. En una réplica del día siguiente, la CTEP argumentó que "con la excusa de capacitación, terminalidad educativa y una supuesta eliminación de la intermediación, el Gobierno está llevando adelante un brutal ajuste en la política social, en sintonía con el ajuste que realiza en todas las áreas del Estado". En una columna de opinión publicada en Infobae a mediados de marzo, el propio dirigente del MTE y de la CTEP, Juan Grabois, trató a Kelly como “uno de los tantos tecnócratas inoperantes e insensibles del impresentable staff de limosneros tacaños que rodea a la Ministra Stanley”.
 
Fue la primera vez que el dirigente cercano al Papa Francisco y a Cristina Kirchner disparaba contra la ministra, de la que llegó a decir que la rescataría como uno de los cuadros valiosos del macrismo. Pero los cañones se posaron más sobre Kelly que sobre Stanley. Kelly, que viene del mundo de las ONGs y llegó al ministerio de la mano del ex vicejefe de Gabinete Mario Quintana, cultiva un perfil de CEO cool pero en los hechos es el señalado por las organizaciones como el responsable de aplicar la tijera. Como se dice, un policía bueno y otro malo. “Es un mercenario que se hace el empleado del mes y pone trabas burocráticas para cumplir con los jefes y borra con el codo acuerdos que hizo con la mano”, lo describieron desde una de las ramas de la CTEP. 
 
Kelly arrastra además varios problemas en el territorio. Con el ajuste en el empleo público que realizó el Gobierno de la mano de Andrés Ibarra durante el primer año de gestión, se desarticuló el trabajo territorial que realizaban muchos trabajadores del Estado a la hora de acompañar a los beneficiarios de los planes sociales que tienen serios problemas para cumplir ellos solos con los requisitos que las nuevas resoluciones les imponen. Es decir, quedaron solos. Hay un caso que sirve de ejemplo y cruza varias variables que se dan en los barrios: Johanna Ramallo, una joven de 23 años que trabajaba en el Ellas Hacen, desapareció el 26 de julio de 2017, presumiblemente a manos de una red de trata. Fue vista por última vez ese día en la estación de servicio de 1 y 63 de La Plata. Las organizaciones la siguen buscando; Kelly la dió de baja el programa. 
 
También se le machaca a Kelly que uno de los requisitos es discriminatorio, ya que insólitamente requiere un examen de salud anual, como si los beneficiarios no fueran adultos. Además, los propios trabajadores del ministerio le reprochan que con “voluntarismo puro” tapan los agujeros que deja la relación rota entre la ANSES y los beneficiarios, y que de lo contrario el ajuste sería mucho mayor e insostenible políticamente. 
 
UN AJUSTE INESPERADO
 
En el cálculo de las organizaciones, el ajuste es mucho mayor, porque le suman el atraso del monto total de los planes respecto a la inflación. Tanto los planes Hacemos Futuro como el salario social complementario hoy están en 6 mil pesos (son 400 mil en total), y para las organizaciones ese monto debería ser, de máxima, del doble. “El ajuste durante los últimos seis meses que encaró el ministerio es de 500 millones de pesos”, aseguró en diálogo con Diagonales el secretario de organización de la CTEP, Gildo Onorato. “Todo lo que pueden recortar, lo están recortando”, agregó por su parte el referente de Barrios de Pie, Daniel Menéndez. 
 
La reunión prevista para la semana, según pudo saber este medio, quedó postergada sin fecha a la vista. Según reconstruyó Diagonales, a Stanley la dejaron sin respuestas desde el ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne. El ministro que maneja la economía había admitido públicamente que dejaba un margen de déficit del 1 por ciento en el marco del acuerdo con el FMI para contener el conflicto social, pero al parecer, esas partidas todavía no están. 
 
A fines de 2016, la tríada de San Cayetano logró que el Gobierno llamara a sesiones extraordinarias y aprobara, en un trámite express, la ley de Emergencia Social, bajo amenaza de pasar las fiestas en el Puente Pueyrredón. La ley implicaba un desembolso de 30 mil millones de pesos hasta el último día de Gobierno de Macri. Eran otros tiempos. En el medio pasaron la brutal devaluación, la inflación, la pérdida de puestos de trabajo y, también, las represiones que sufrieron las organizaciones cuando salieron a la calle con fuerza. “Este es un gobierno fracasado. Esperamos poder paliar la situación de crisis que viven nuestros compañeros para pasarla lo menos mal posible hasta que se vayan”, dijo Onorato. 
 
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