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Intendentes peronistas y de Cambiemos defendieron ante la Corte Suprema el cobro de tasas municipales Imprimir
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Jueves, 06 de Junio de 2019 15:31
El intendente de Vicente López, Jorge Macri; representantes de La Matanza; Fernando Gray, de Esteban Echeverría; y el ex massista Joaquín de la Torre, se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia. Duros alegatos, algunos acusando al gobierno de "beneficiar a las grandes empresas".
 
Intendentes de diferentes colores, de la provincia de Buenos Aires, participaron hoy en los Tribunales Federales en una audiencia en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para defender el cobro de la tasa municipal de Seguridad e Higiene, que representa más del 30% de los recursos de sus arcas municipales.
 
Como anticipó este medio, hicieron uso de la palabra, el jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri, en representación de los 40 alcaldes que presentaron un amicus en diciembre; Fernando Gray, titular del PJ bonaerense e intendente de Esteban Echeverría –presentó su propio amicus–, y el economista Roberto Feletti en representación de la Federación Argentina de Municipios, que conduce Verónica Magario. Y también lo hizo el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre, por la Provincia.
 
"Estamos acá, no en una defensa de una tasa a nuestro modo de ver, sino de la Constitución y de la autonomía municipal, sobre todo la reforma de la Constitución de 1994 que deja en claro la existencia de los municipios como parte integrante del Estado", sostuvo el intendente de Vicente López, Jorge Macri.
 
 
 
Macri remarcó en ese sentido: "Muchas veces se simplifica la contraprestación al simple hecho de la inspección. La pregunta es solo. ¿Es un inspector verificando el pago de una tasa o es la necesidad de que se verifiquen que se cumplan las normas de seguridad e higiene, desde un matafuegos, a la verificación de derrames tóxicos, impacto medioambiental en la tierra, en el aire, en el agua? Son responsabilidades que asumimos los intendentes".
 
 
 
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, afirmó que “se trata de beneficiar a las grandes empresas y se perjudica a los sectores humildes”, añadiendo que "la ciudad de Buenos Aires emplea 2.200 millones en veredas, que es el mismo monto que tenemos nosotros como presupuesto completo para brindar  seguridad, salud y educación a mas de 300 mil vecinos de Esteban Echeverría".
Además, aseguró que "somos un distrito muy humilde. Nuestra tasa más baja es de 113 pesos. Quiero empresarios serios que aporten en mi distrito y le pido a esta corte que se ponga del lado de los más humildes y desprotegidos y el que tenga que pagar que pague".
 
Al final del encuentro, cerraron las partes: María Inés Giménez, abogada en representación de Axion. Y, por el otro, el intendente de Quilmes, Martiniano Molina, acompañado por la abogada Silvina Lima.
 
 
En medio de la polémica por las colectoras, y a pocos días del cierre de alianzas, los jefes comunales dejaron de lado sus diferencias electorales y juntos defendieron lo que consideran un intento de avasallamiento a la autonomía municipal por parte de la firma Axion-Esso que cuestiona la forma del cálculo, a partir de Ingresos Brutos, para la percepción de la tasa.
 
 
 
En diciembre cuando 40 intendentes presentaron un Amicus Curie para defender el cobro la evitaron. La audiencia estaba prevista originalmente para el 29 de mayo, pero luego fue postergada.
 
 
En definitiva, expusieron seis amigos del tribunal a favor del planteo de los intendentes y otros 6 que apoyan la postura de la firma Axion-Esso y consideran que el tributo, sobre la base de Ingresos Brutos, debe ser revisado.
 
La posición de los intendentes y del gobierno de la Provincia fue defendida, a su vez, por especialistas: Jorge Matinata del Centro de Administraciones Tributarias Subnacionales (Ceats), y Lorena González Tocci y Pedro Caminos de la Asociación Civil Derechos Constitucionales.
 
 
Los intendentes que presentaron el amparo en diciembre cuentan con el patrocinio de los abogados Germán Krivocapich y Antonio María Hernández, quienes también tuvieron voz en la jornada. Ellos trabajaron en la defensa de los argumentos.
 
Enfrente, los intendentes escucharon los planteos de quienes defienden la posición de Axion. Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal), Enrique Bulit Goñi, miembro de la Asociación de Estudios Fiscales, Gabriela Tozzini, del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina y Nadín Argañaraz, presidente del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL).
 
También lo hicieron Rubén Fallabella, en representación de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) y Salvador Femenia, en nombre de la Confederación de la Mediana Empresa Argentina (Came). 
Desde este sector, manifestó que la presión tributaria de provincias y municipios creció 40% entre 2005 y 2015. Y atribuyen a que el 90% de esa evolución responde a la suba de Ingresos Brutos, mediante la tasa municipal de Seguridad e Higiene.
Qué se discute
 
La compañía se opone a abonar por ganancias obtenidas más allá del distrito. Quilmes la intimó en 2002 a pagar 144.007 pesos por deudas de Seguridad e Higiene de las dos estaciones Esso en el distrito. En el cálculo, según la firma, se incorporaron los ingresos por ventas hechas por la petrolera a otros propietarios de estaciones con bandera de Esso. La empresa aduce que la carga no se corresponde con su actividad en el distrito.
 
Se trata de una discusión técnica que enfrenta a abogados. El debate gira en torno a lo fijado por el Convenio Multilateral que regula la aplicación de Ingresos Brutos cuando una actividad económica excede a una jurisdicción.
 
El debate ganó relevancia porque el Procurador internino de la Nación, Eduardo Casal, dictaminó en contra lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que había avalado la forma del cobro de la tasa por Ingresos Brutos.
 
 
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