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El repudio popular a las prisiones domiciliarias volvió a sentirse este domingo con cacerolazos en varios barrios de la Ciudad y del conurbano

 

Tras un nuevo cacerolazo en rechazo a la liberación masiva de presos, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires deberá definir si continúan las excarcelaciones bajo la excusa de la pandemia de coronavirus. Tendrá que resolver una apelación presentada por el fiscal Carlos Altuve quien reclamó que se declare inconstitucional el accionar.

 

Altuve confirmó a a la agencia de noticias Télam que este lunes presentará un recurso de queja para que el máximo tribunal de la Provincia establezca una regulación a las prisiones preventivas. El fiscal de Casación bonaerense cargó contra el fallo del juez Víctor Violini, quien hizo lugar a un habeas corpus colectivo presentado por los defensores públicos para que se les otorguen prisiones domiciliarias a presos que son parte del grupo de riesgo por el coronavirus. “Es de una gravedad institucional, con una ostensible falta de argumentación”, cuestionó Altuve quien ya había adelantado que avanzaría con la presentación del escrito, luego de que la Cámara de Casación haya rechazado la apelación que presentó.

El juez Víctor Violini 

 

Víctor Violini, el juez de la Cámara de Casación bonaerense, quedó en el centro de la polémica por haber considerado aceptables los argumentos de 19 defensores generales de la provincia quienes exigieron la liberación de reclusos considerados “población de riesgo”. El fallo de Violini, del 17 de abril, dice que los presos que pueden acceder al beneficio deben ser mayores de 65 años, tener enfermedades preexistentes, o ser mujeres embarazadas. Si bien la resolución era para quienes estén involucrados en delitos leves -no se hizo a mención a cuáles son esos delitos-, la mayor indignación y repudio social se generó cuando trascendieron casos de violadores que regresaron a sus casas situadas en el mismo barrio donde viven sus víctimas. Además, Violini es el responsable de que los reclusos del Sistema Penitenciario Bonaerense (SPB) tuvieran acceso a teléfonos celulares luego de que por prevención se cancelaran las visitas de familiares a los penales.

 

Altuve apeló el fallo de Casación, pero el tribunal penal lo rechazó, por lo que el fiscal decidió recurrir en queja ante la Corte bonaerense. Fuentes judiciales aseguraron que se prevé “darle la mayor celeridad posible” al tratamiento del recurso del fiscal y todo indica que se lo declarará admisible, por lo cual la Suprema Corte debería resolver en el corto plazo. Desde el mismo tribunal afirmaron que la decisión del presidente Daniel Soria, y los jueces Luis Genoud, Eduardo Pettigiani, Hilda Kogan, Sergio Torres y Eduardo de Lázzari, se podría adoptar en el término de una semana a diez días.

 

Según las fuentes judiciales, Altuve afirmará en su recurso de queja que el Tribunal de Casación resolvió una causa colectiva cuando la decisión de otorgar prisión domiciliaria a los detenidos en las cárceles bonaerenses corresponde a los jueces de primera instancia, que son los que tienen a disposición a los privados de libertad.

 

Una vez que el fiscal realice la presentación, la Corte de la provincia deberá decidir si admite o no el recurso. De admitirse, deberá determinar qué resuelve sobre el pedido presentado.