Cómo es el plan que analiza Alberto Fernández para revisar las tarifas de energía eléctrica y gas Imprimir
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Jueves, 10 de Octubre de 2019 07:30
El detalle es parte del documento “Aportes de Equipos Técnicos de la Unidad”, que el PJ le entregó al candidato de Frente de Todos. Incluye 10 medidas para los primeros 100 días de un eventual gobierno y otra para el mediano plazo
 
Se conoció un extenso documento con el detalle y las propuestas técnicas de los equipos del candidato Alberto Fernández, en 18 rubros estratégicos, entre ellos Energía.
 
“Nuestro país es productor de energía. No hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor. El precio que pagarán los consumidores será fijado nacionalmente, en función de los costos reales de producción y de las necesidades de sus ciudadanos y su desarrollo productivo”, dice el apartado “Energía” del documento del PJ titulado “Aportes de Equipos Técnicos de la Unidad”, un grupo coordinado por el ex ministro Ginés González García.
 
“El Estado asegurará la adecuada prestación de los servicios de gas y electricidad a un costo mínimo para los usuarios y de acuerdo a sus ingresos, que posibilite una rentabilidad justa y razonable a las licenciatarias”, promete y se asegura que para ello analizarán estructura de costos y niveles de ganancia de las empresas, entre otros, y que hasta que se definan estos valores se congelarán la tarifas.
Además, se habla de que Vaca Muerta debe desenvolverse en función de las necesidades de desarrollo socioeconómico del país, “no del de actores particulares” y que YPF debe ser el principal actor en este sentido.
 
El equipo que elaboró el capítulo energético fue coordinado por Arturo Trinelli y Marcos Fontela. También participó Federico Bernal, director general del Observatorio de la Energía, la Tecnología y la Infraestructura para el Desarrollo (OETEC), uno de los candidatos, junto a Guillermo Nielsen, para encabezar Energía, que comenzó siendo ministerio con la gestión de Mauricio Macri y hoy es secretaría.
 
 No hay motivo por el que los consumidores deban pagar el mismo valor que se paga en países que no cuentan con recursos. Por ello, los eventuales aumentos del dólar no pueden ser trasladados automáticamente al consumidor
Dentro de los 100 días se propone están 10 medidas:
 
a) Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días. Esta comisión continuará sus funciones en los próximos años, siguiendo la evolución real de los costos de generación, transmisión y distribución de la energía.
 
b) Una vez conocida la verdadera ecuación económica de estas empresas, se renegociarán las tarifas de luz y gas, y se desarrollará una política de actualización futura que contemplará: los costos de mantenimiento; el valor de las inversiones realizadas y requeridas; y una tasa de rentabilidad razonable de los operadores. Hasta tanto no esté establecida la estructura de costos, las tarifas permanecerán congeladas.
Los consumos estarían congelados en el primer tramo de un eventual gobierno de Fernández
 
c) Se establecerá una tarifa social de luz y de gas, orientada a hogares que por diversas situaciones no puedan afrontar el valor regular, a organizaciones barriales y comunales que tengan como finalidad la promoción social, y a pequeños y medianos productores.
 
d) Se regulará el precio y la disponibilidad de las garrafas de gas.
 
e) Se revisará el marco regulatorio, se intervendrá el ENRE y el ENARGAS, y se desplazarán las conducciones actuales, que representan exclusivamente los intereses de las empresas operadoras.
 
f) Se establecerán criterios de calidad de prestación del servicio eléctrico y multas asociadas a la falta de cumplimiento.
 
Se creará la Comisión de Revisión Tarifaria Integral que deberá establecer el costo real de producción y transporte de gas y electricidad en un plazo de cien días.
 
g) Se formulará un plan estratégico de desarrollo de Vaca Muerta, que incluirá un plan de infraestructura para la distribución del gas a los distintos puntos del país (generadoras, industrias, usuarios, puertos), y que deberá también detectar y describir las posibilidades de incorporación de tecnología y trabajo argentino.
 
h) Se impulsará una revisión de la legislación sobre matriz eléctrica para desarrollar una hoja de ruta de transición energética, la cual se ordenará en función de las necesidades nacionales y la capacidad industrial, tecnológica y científica del país, con el objetivo de contar con una política coherente para el desarrollo de largo plazo del sector energético.
 
i) Se desarrollarán herramientas especiales de financiamiento para proveedores nacionales del sector energético y para el desarrollo de proyectos energéticos con tecnología de empresas de origen nacional.
Vaca Muerta
 
j) Se creará un observatorio de monitoreo del costo de producción de la energía que deberá establecer y monitorear en el tiempo los costos reales de producción del barril de petróleo crudo y del millón de BTU de gas; este observatorio no podrá estar constituido por funcionarios que se hayan desempeñado en cargos directivos en empresas privadas del sector.
 
Luego, en las “Propuestas de mediano y largo plazo”, se habla de desarrollar “una política para el uso y el desarrollo de proveedores locales en Vaca Muerta, incluyendo la modificación de políticas de compre argentino, para abarcar el desarrollo de todos los recursos naturales del país”; de priorizar la generación de energía eléctrica con tecnología hidroeléctrica, eólica y nuclear; crear el Consejo Federal de Energía Eléctrica, con representación de todas las provincias; y reorganizar “el esquema de funcionamiento de empresas públicas y con participación pública del sector energético e industrial (YPF, Yacyretá, Salto Grande, NASA, YCRT, etcétera) para alinearlas con las necesidades del desarrollo industrial, tecnológico y energético del país”.
 
Cómo es el plan que analiza Alberto Fernández para revisar las tarifas de energía eléctrica y gas