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Furiosa, la jueza de faltas cortó el teléfono a los colegas de El Diario: “No es el momento ni el lugar”. Notablemente molesta, la funcionaria pública -María Emilia Resina- no quiso entablar ningún tipo de diálogo ni tampoco brindar alguna explicación sobre su actuación en el caso que involucra al concejal justicialista Martín Eduardo Diez.

 

“Primero que nada decime quién te dio mi teléfono”. “Estoy en un almuerzo familiar y no es el momento ni el lugar para que me llames por teléfono”. Acto seguido cortó la comunicación. Así, la jueza de faltas de Toay, María Emilia Resina, atendió ayer apenas pasado el mediodía a un cronista de El Diario que la llamó para consultarle sobre el caso del concejal Martín Eduardo Diez, a quien la Policía sorprendió en plena avenida Perón realizando “maniobras peligrosas” y conduciendo su Toyota Corolla con 2,16 grados de alcohol en sangre.

 

Tal como informó en la edición de ayer este diario, el Concejo Deliberante de la vecina localidad sigue sin emitir opinión ni tratar el episodio que protagonizó su vicepresidente. Ninguno de los ediles, ni de la oposición, ni mucho menos del oficialismo, habló al respecto. Los pares de Diez -concejal del PJ, en representación del marinismo- se reunieron el martes en la Comisión Administrativa y de Reglamentación, pero no trataron el tema. Como el jueves fue feriado, el cuerpo deliberativo toayense recién se reunirá de nuevo el 27 de abril.

 

Hasta ayer, la jueza de faltas, María Emilia Resina, también había esquivado el tema. Desde el miércoles, a pesar de los numerosos intentos realizados por este diario, la funcionaria no quiso entablar ningún tipo de comunicación.

 

Las respuestas llegaron siempre de boca de su secretaria, Elsa Sosa. “La doctora está muy ocupada con otras cosas... si quiere saber algo, fíjese en lo que dice el Código de Faltas, es lo que corresponde a cualquier ciudadano común”, respondió la intermediaria en relación a la multa que le corresponde al concejal Diez.

 

A pesar de que este diario dejó el contacto para establecer una eventual entrevista, Resina nunca contestó. Ayer, cuando un cronista la ubicó en su teléfono celular, eligió cortar la comunicación antes de brindar algún tipo de explicación sobre su actuación como funcionaria pública.

 

La multa

 

De acuerdo a lo que pudo conocer este diario, la multa al concejal Diez consistiría en una suma cercana a los 9.000 pesos, más los gastos de traslado del vehículo y el alojamiento del mismo hasta que se lo restituyeron.

 

¿Cómo se llega a ese número de 9.000 pesos? Tomando como base a fuentes de la comuna toayense, según explicaron, hay una normativa nacional que establece una pena máxima y una pena mínima. A partir de allí, cada jurisdicción establece los valores de acuerdo a la gravedad de la infracción.

 

“En este caso debería aplicarse la pena máxima... no solo porque el involucrado tenía 2,16 de alcohol en sangre, que es muchísimo, sino también porque se trata de un funcionario público que, se supone, debería tener un apego a la ley mucho más allá que cualquier ciudadano común”, indicó la misma fuente.

 

Y destacó: “La pena máxima está establecida en 600 unidades fijas de combustible... eso multiplicado por un número promedio de 15 pesos, el valor de la nafta súper, da esos 9.000 pesos de referencia”.

 

Como en la Municipalidad de Toay nadie habla oficialmente, no se sabe a ciencia cierta si esa es la multa que se labró -si es que se concretó- al vicepresidente del Concejo Deliberante.